Tras ser difundido de manera pública los datos relacionados con el primer juicio de divorcio hecho a través de redes informáticas, también denominado “divorcio virtual”, representantes legales de uno de los ex cónyuges, interpusieron una demanda penal por violación al derecho de privacidad, abuso de confianza y prácticas no éticas.
La demanda judicial fue promovida por los abogados Marco Antonio Vargas Arizpe y Alejandro Isaí, ante el Ministerio Público adscrito en el Palacio de Justicia de Monterrey.
El 10 de junio próximo pasado fue difundido en el noticiero de un canal de televisión local la información sobre el procedimiento y resultado de una ciberaudiencia, en donde un juez concedió el divorcio de una pareja.
Sin embargo, la audiencia que era privada fue dada a conocer por la abogada de la mujer, sin que el ex marido fuera notificado, o bien se le solicitara su consentimiento para que salieran a la luz pública sus datos personales, como domicilio, estatus laboral entre otra información considera bajo reserva de la ley.
La audiencia de divorcio virtual se llevó a cabo en el Juzgado Octavo Familiar Oral del Estado de Nuevo León, cada una de las partes hizo su enlace por videollamada desde las oficinas de sus respectivos abogados, relató el litigante Marco Antonio Vargas Arizpe.
“Lo más grave es que se violentó la protección de los datos personales de nuestro representado, porque sin el más mínimo aviso o solicitud de autorización para poder ventilar o informar sobre este divorcio virtual, se subió a la internet una fotografía con todos los participantes, en la audiencia”, añadió.
En el reportaje del noticiero se aprecia la imagen nítida de la fotocredencial de electoral, con su domicilio y otros datos claramente visibles, así como su rostro, lo cual le causó al ex marido daños y perjuicios, considera a su vez Alejandro Isaí.
La demanda penal por abuso de autoridad, violación a privacidad y datos personales así como faltas éticas en el ejercicio de la profesión es contra al representante legal Claudia Buitrón.
Incluso, la misma abogada reconoció la comisión de los presuntos delitos cometidos por ella, al ser quien le dio a conocer a un reportero el desarrollo de la audiencia del juicio de divorcio, además de proporcionarle videos y documentos relativos al caso.
“Si la persona no da derecho o autoriza a que se ventilen estos datos se puede incurrir en un delito, además que los mismos hechos son imputables al medio de comunicación donde se difundió la noticia, al no reservar los datos personales ni cubrir los rostros de la pareja que intervino en la audiencia de divorcio”.
El proceso de divorcio había sido suspendido en el mes de marzo debido a la pandemia, y al reactivarse las actividades en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, se informó a la pareja que la audiencia de divorcio sería en modalidad de videoconferencia siendo su caso el primero del estado en realizarse de esa forma.
Vargas Arizpe indicó que existe un posible dolo por parte de la abogada Claudia Buitrón, quien al difundir este hecho incluso en su página de Facebook con la intención aparente de obtener beneficio económico, al promover su labor como litigante, incurrió en daños y perjuicios al ex cónyuge quien fue atacado y criticado en redes sociales.
